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LOS LIBROS
Por Alejandro Lavquén
Publicadas en revista Punto Final, septiembre de 2015
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A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura (CEIBO Ediciones. 464 pág.). Javier Rebolledo. Antes había publicado, bajo el mismo sello, La danza de los cuervos. El destino final de los detenidos desaparecidos y El despertar de los cuervos. Texas Verdes, el origen del exterminio en Chile, trabajos de investigación que dan cuenta de los centros de detención donde se torturó, asesinó y desapareció a miles de chilenos tras el golpe militar de 1973. Los protagonistas de aquellos libros fueron los servicios de seguridad encabezados por la DINA, el siniestro aparato represor creado por Manuel Contreras para encargarse de la persecución de los militantes de la Unidad Popular, poniendo especial énfasis en el MIR y el Partido Comunista. En esta ocasión, los protagonistas son los cómplices civiles de la dictadura, que ampararon los crímenes y colaboraron con los militares, suministrándoles diferentes tipos de ayuda.
La investigación se centra, fundamentalmente, en miembros de las familias Matte y Kast, pertenecientes a la oligarquía opositora al presidente Allende y que conspiró para derrocar su gobierno. “En septiembre de 1973, diecinueve ciudadanos de Laja y San Rosendo desaparecieron luego de ser secuestrados por carabineros. Algunos de los prisioneros fueron señalados en su lugar de trabajo a la policía por una autoridad de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y luego trasladados en vehículos de la empresa para ser asesinados en un fundo explotado para Forestal Mininco, empresa integrante de CMPC”. ¿Quiénes eran los dueños de la papelera?: El clan Matte. Esta poderosa familia fortaleció sus negocios a la sombra de la tiranía pinochetista y jamás ha respondido por los asesinatos ocurridos en terrenos de su propiedad. Acá se entregan pormenores del actuar de sus miembros más destacados y de la impunidad que los rodea gracias a sus vínculos con la clase política, empresarial y militar. Los carabineros involucrados recién después de 38 años, en 2011, confesaron el crimen.
Otra familia involucrada en las violaciones a los derechos humanos es la familia Kast: “Apenas ocurrido el golpe, setenta campesinos de Paine que habían sido beneficiados por la Reforma Agraria, fueron hechos desaparecer. Los terratenientes expropiados, en conjunto con empresarios y pequeños comerciantes de derecha, se unieron a carabineros y militares para protagonizar la venganza. El ex oficial nazi, Michael Kast, facilitó alimentos a los comandos de exterminio, además de un camión. Su hijo Christian compartió asados con civiles y uniformados en el mismo lugar donde varios detenidos fueron torturados y, desde ahí, pasaron a formar parte de los detenidos desaparecidos. Más tarde, otro hijo de Michael, Miguel Kast, hombre elevado a la categoría de santo por la derecha, colaboró con el departamento económico de la DINA y comandó prácticamente todas las reformas económicas que hoy se encuentran vigentes en Chile”. Esta familia sigue evadiendo la justicia.
El volumen también trae un capítulo sobre “La Delación de Carlos Bombal”, cuando, en 1975, era jefe de gabinete del rector de la Universidad Católica, vicealmirante Jorge Swett, y la lista de militares “que el ejército no quiere que se conozca”. Este documento está marcado como Confidencial y dirigido al Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Leopoldo Llanos Sagristá. Allí se pueden conocer los nombres de los ex agentes de la DINA que aún siguen prestando servicio al ejército.
Plaza Montt – Varas sin número. Memorias del Juez Alejandro Solís (CEIBO Ediciones. 354 pág.). El juez Alejandro Solís fue sin duda uno de los magistrados que más se empeñó en hacer justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos. De hecho, como Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentenció a algunos de los más despiadados torturadores y asesinos que sirvieron a Pinochet, entre ellos: Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga Neumann, Basclay Zapata, Fernando Laureani y Álvaro Corbalán. El ministro también tuvo una actuación judicial decisiva en casos como Tejas Verdes, Patio 29 y el crimen del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires. Algunos casos fueron emblemáticos y sirvieron para sentar precedente respecto a los detenidos desaparecidos y la no aplicación de la Ley de Amnistía dictada por la dictadura para dejar impunes las violaciones a los derechos humanos. Tal fue el caso del militante del MIR, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, secuestrado por la DINA, el 7 de enero de 1975, y llevado a Villa Grimaldi.
Sobre el delito de secuestro permanente, en el caso de los detenidos desaparecidos, se explica en el libro, a modo de ejemplo, que: “En una nueva evolución de su jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, en causa contra Fernando Gómez Segovia y en otros, en sentencia del 7 de enero de 1999, sentó la doctrina, de que, en el caso de detenidos desaparecidos, ya sea calificando el hecho como secuestro o como detención ilegal, no corresponde la aplicación de la amnistía, contemplada en el D.L. 2.191, ya que dichos ilícitos son delitos permanentes y, por tanto, ellos continuaban cometiéndose con posterioridad al período comprendido en la ley de amnistía, el que se cerró el 19 de abril de 1978. Culmina esta evolución con la sentencia de Miguel Ángel Sandoval, en la que la Corte Suprema aplica los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados en 1950 y publicados en 1951…”. Además el artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita en junio de 1994, señala “la extrema gravedad de este delito y su carácter continuado o permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”. Estas leyes y convenios es muy importante conocerlos, porque aclaran las tergiversaciones que la derecha y los militares hacen para imponer en la opinión pública la idea de que los fallos, en los casos de los detenidos desaparecidos, son ilegales.
En otro aspecto, el juez Solís da cuenta de diversos acontecimientos en su vida como magistrado, los escollos que encontró en su carrera, durante la dictadura, y cómo fue superándolos. Resultan de especial interés sus apuntes sobre casos como los Pinocheques, Chihuío y Liquiñe, Rinconada de Maipú, contrabando de armas a Croacia, o el caso tan peculiar de María Alicia Gómez, “una estudiante universitaria que luego de ser detenida comenzó a delatar a sus ex compañeros y, a medida que se fue degradando como persona, fue incorporándose como agente a la DINA. Su rol en este organismo criminal fue de tal relevancia, que fue asimilada a la planta del Ejército y terminó jubilándose en esa institución, después de trabajar durante años en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)”. Otro caso llamativo es el del agente destinado por Manuel Contreras a TVN, Roberto Araya, que las oficiaba de “periodista” y tenía un poder omnipresente en la línea editorial de los noticiarios. Las memorias del juez Alejandro Solís, son un testimonio de relevante para tomar conocimiento de una parte de la historia de la justicia chilena y su desarrollo jurídico-social.
