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Aquí se Fabrican Pobres (AFP):
un comentario necesario
sobre el sistema privado de pensiones chileno (Reseña)
Por Carlos Hernández Tello
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Acabo de leer el imprescindible libro de Carlos Rivadeneira Martínez, Aquí se Fabrican Pobres. El sistema privado de pensiones chileno, publicado en abril de este año (2017). El acróstico da para ejercitar el ingenio: Aquí se Funa al Pueblo, Antaño Fuimos Personas, Afuera Funciona Pulento, Aunque Falte Plata, A la Fuerza por los Privados, y un largo etcétera. Su nutritiva lectura me permite extraer algunas conclusiones, las que paso a enumerar brevemente a mis compatriotas: (1) Como ya es tradición en estos días, las AFP son el resultado de la gestión de la alianza militar-empresarial presidida por el mayor criminal que ha pisado nuestro terruño; (2) Para comprender a cabalidad el intrincado funcionamiento de las AFP se requiere ser Doctor en Derecho (pues estoy seguro que la gran mayoría de los chilenos no entiende la lógica expoliadora del sistema, grupo en el que me incluyo por supuesto); (3) La sola existencia de las AFP viola convenios internacionales de seguridad social a los que Chile hoy está suscrito, concretamente, los asumidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT); (4) Si bien es cierto los chilenos estamos condenados a esta criminal privatización de la vejez, el sistema de AFP no es el mecanismo que otorga las pensiones a la “nación castrense[1]”, pues ésta recibe directamente del Estado unas pingües pensiones que irritan hasta al más abúlico; (5) Las AFP son uno más de los numerosos mecanismos ideados por la lógica neoliberal para saquear a la población y condenarla a condiciones de vida cada vez más paupérrimas, castigando los últimos años de existencia de las personas, como si llegar a esa etapa de la vida se tratara de un crimen de lesa humanidad.
Lo primero que debemos entender, a mi juicio, es el marco histórico en el que surgen las AFP. Su partera es la Constitución Política de 1980 y su entrada en vigencia data del 1 de enero de 1983, vale decir, todos los que comenzaron a trabajar a partir de esa fecha obligatoriamente deberán cotizar en una de las AFP del mercado, cotización que se traducirá en el 10% del sueldo imponible. De ese 10%, las AFP cobran una comisión, en promedio, del 11,6% por administrar los dineros de cada chileno, esto es, “Yo AFP te cobro una comisión del 11,6% del 10% de tu cotización que desde el 1 de enero de 1983 estás obligado a realizar”: en conclusión, nos recortan una tajada de nuestras miserables rentas por administrarnos un dinero que nadie quiere que nos administren estos cuervos.
Segundo, el sistema de AFP reemplazó al tradicional sistema de reparto tripartito, es decir, la configuración de una pensión con el aporte del trabajador, el empleador y el Estado. En este sentido, se pasó de una concepción social-solidaria de la previsión a una de capitalización individual aislacionista que, además de atomizar a la población, no se condice con los salarios de hambre que perciben millones de compatriotas, pues el 10% del salario mínimo, multiplicado por 540 meses (45 años de vida laboral), no alcanza a llegar a los 15 millones de pesos, a distribuir en la cada vez mayor esperanza de vida que ¿bendice?/¿aqueja? a los chilenos.
Tercero, y ligado directamente a lo anterior, creo que los cálculos que ofrece el autor para que las personas se hagan una idea de las pensiones de hambre que los esperan, son decidoras. En Chile, alrededor del 50% de la población percibe por concepto de salario desde 400 mil pesos hacia abajo. Me permito citar las palabras de Rivadeneira en cuanto a los cálculos:
Si consideramos un ingreso de $300.000, esto es, $30.000 de cotización mensual, y 45 años (540 meses) de vida laboral y cotizaciones, se acumulan fondos por $16.200.000 que llegan a los $17.172.000, si aplicamos una rentabilidad de un 6% [que es lo que rentabilizan los fondos en promedio en el mejor de los casos]. Si esos $17.172.000 los distribuimos en el tiempo de sobrevivencia se obtiene una pensión de $95.400 (que es un 32% de $300.000, si la sobrevida es de 15 años o 180 meses, desde los 65 a los 80 años), o de $71.550 (correspondiente a un 24% de $300.000, si la sobrevida es de 20 años o 240 meses, desde los 65 a los 80 años) (Rivadeneira 106-107).
Y en breve agrega el autor:
…cualquier persona que hoy pregunte en una AFP cuánto dinero debe tener reunido para financiar una pensión de $500.000, recibirá como respuesta ‘$100.000.000’, lo que significa que vía cotización única vigente del 10% se deben acumular $94.000.000, pues los $6.000.000 restantes se los concederemos a un 6% de rentabilidad positiva promedio que han alcanzado los fondos de pensiones desde los comienzos del sistema en el año 1980. Así, entonces, durante los 45 años de vida activa (540 meses) la persona debería cotizar mensualmente $174.074 (que multiplicados por 540 resultarán $94.000.000), que supone una remuneración mensual de $1.740.740, de los cuales $500.000 de pensión representan un 28,7% (107-108).
A la luz de estas cifras y de las condiciones laborales del Chile actual, al parecer habrá que aprontarse a soportar esta realidad si no cambiamos la situación.
Cuarto, las AFP son en extremo discriminadoras con las mujeres, por cuanto éstas cotizan durante menos tiempo (hasta los 60 años, como si existiese un imperativo biológico que les impidiera jubilar a los 65 años, como los hombres). Además, es de todos sabido que las mujeres, por cumplir la misma función en un trabajo, perciben un 30% menos de remuneración. Empeora el panorama el hecho de que son más longevas (viven 6 años más en promedio que los hombres), por tanto sus fondos se verán distribuidos en una mayor cantidad de meses. Finalmente, se debe considerar también que las mujeres tienen mayores índices de desempleo que los hombres, muchas veces determinados por la opción de maternidad o discriminación laboral por el hecho de ser tales.
He dejado afuera muchísimos matices del riguroso análisis que realiza Rivadeneira en este libro que he calificado de imprescindible. En el Chile neoliberal del presente, su lectura se torna insoslayable por cuanto la implementación de las AFP en dictadura es una maquinaria perversa que nos afecta(rá) a todos si la población no se instruye ni redirige el consumo “cultural” con el que castiga sus mentes a diario. El sistema actual es un engranaje perversamente tramado, en el que se encuentran coludidos los medios de comunicación, el curriculum escolar, las dinámicas de mercado, la clase política, todos factores amparados por una Constitución ilegítima para cuya aprobación poco faltó que fueran a votar hasta los muertos.
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[1] A propósito de este asunto, nos aclara Dauno Tótoro Taulis en su libro La cofradía blindada. Autonomía, negocios e insubordinación de las Fuerzas Armadas Chilenas (cuya primera edición es de 1998 y la versión aumentada es de febrero de 2017): “Un ejemplo de lo que es este otro Chile [la nación militar], en comparación con el que habitamos los civiles, tiene que ver con el sistema de previsión de los ciudadanos de uno y otro país. El 90% de los costos de las pensiones de los militares se financia con dineros fiscales y sólo un 10% corresponde a cotizaciones de los beneficiarios. Por el contrario, los fondos de pensiones de los que dispone el chileno civil, afiliado obligatoriamente al sistema de captación individual de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), son generados por el descuento del 10% de los ingresos del propio trabajador, a lo que debe sumarse el porcentaje de “comisión” que cobran las AFP. En concreto, las pensiones civiles las paga el propio trabajador; las militares las paga casi totalmente el Estado, es decir, las pagan los trabajadores civiles por intermedio de sus impuestos. También es significativa la diferencia en los montos que perciben unos y otros. Los militares pensionados suman ciento siete mil individuos y tienen ingresos mensuales previsionales que alcanzan un promedio de $862.519 al mes, mientras que el promedio de pensiones del mundo civil, obligado a cotizar en el sistema de AFP es de $190.000 mensuales [monto bastante optimista a nuestro entender] (…). Notable es también el hecho (y la diferencia) respecto de la edad de jubilación o retiro, que en el caso de los uniformados es en promedio a los cincuenta y tres años, (en comparación con los sesenta años para las mujeres y los sesenta y cinco para los hombres en el Chile civil), edad, la de los militares, en que aún queda al menos una década de aptitud laboral plena, y recibiendo pensión, por añadidura” (Tótoro 337). Tótoro luego agrega que en promedio las pensiones de los oficiales alcanzan los 2,3 millones de pesos. Incluso ha habido oficiales, como el ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de 5,9 millones de pesos. Y todavía quedan chilenos que insisten en celebrar las “gestas” militares, que al decir de algunos historiadores han asesinado a más compatriotas que a soldados extranjeros.
